Tribunal de
Cuentas recomienda rechazar los balances de Rousseff de 2014
Un juez dijo que el Ejecutivo cometió "graves
ofensas" contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso
correcto del dinero público.
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Por EFE
El Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó hoy al
Parlamento que rechace los balances del Gobierno de la presidenta Dilma
Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades.
El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el
voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de
irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014.
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Nardes
afirmó que el Ejecutivo cometió "graves ofensas" contra la ley de
responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e
incumplió de forma "sistemática" las reglas y principios de
planificación, transparencia y gestión fiscal.
Esta es la primera
vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas
públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una
atribución exclusiva del Legislativo.
El juez instructor
calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales
(27.300 millones de dólares), lo que llevó al Gobierno a justificar políticas
expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el
gasto público.
Entre las
irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin
autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya
contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el
cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras
fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas
sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que
permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones
de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas
artimañas.
Los bancos
tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor
consideró equivalente a la concesión de "créditos ocultos" al
Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.
El dictamen del
Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso que, si sigue esta recomendación
y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros
de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.
Los "delitos
de responsabilidad" son uno de los presupuestos que la Constitución
contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político con miras de
destitución del jefe de Estado.
La Cámara de los
Diputados está analizando si admite a trámite una decena de solicitudes de la
oposición para la apertura de juicios políticos con el objetivo de destituir a
Rousseff, y varios de ellos citan estas maniobras fiscales.
Antes de la
votación, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó dos peticiones del Gobierno
para apartar del caso al juez instructor, al que acusó de ser
"parcial" y de haber anticipado su decisión de votar contra los
intereses de Rousseff.
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