Candidato a Presidente
 |
| José Antonio Kast |
"Atrévete
Chile" es el nombre de la portada de las bases programáticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Es el mismo
concepto que utiliza el exmilitante de la UDI como eslogan de campaña. Hasta
ahora, se trata del único documento programático consolidado de esta
candidatura, aunque el abanderado ha dicho que hay elementos que podrían
cambiar.
En
este artículo solo se analiza este único documento consolidado presentado por
el propio equipo de Kast como las bases programáticas de su eventual gobierno,
al igual como PAUTA ha analizado las propuestas de otras
candidaturas. No existe, por ahora, un programa escrito que actualice estos
contenidos.
El
documento parte con "Un Manifiesto Republicano" donde se describe y
analiza de forma crítica el contexto político, social y económico del país. Las
principales ideas ya estaban contenidas en el libro Ruta republicana, editado por Rojo Edwards, donde expresan que se centran en
tres ideas troncales: "La República, la libertad y la Familia".
En varios segmentos habla acerca de lo que a su juicio son los problemas de
la corrección política y sus consecuencias. "Tenemos que fijarnos, por
ejemplo, y tener en cuenta las leyes que podrían dañar significativamente
nuestra economía hasta aquellas que pretenden emancipar a los hijos de sus
padres para intervenir en su desarrollo síquico y ético, pasando incluso por la
distorsión y eliminación de nuestros fundamentos y símbolos nacionales-todo
ello prioritario en la agenda de izquierda", asegura. Sin embargo, no
proporciona ningún ejemplo que dé cuenta de esos temores.
En cuanto a la idea de nación, refiere que "los 'conquistadores'
[españoles] se percataron de las características peculiares de nuestro
territorio y, desde entonces, el chileno, que asume la herencia del mundo
cristiano occidental mestizo, se comporta entre sus semejantes con la lógica de
pertenecer a un mismo pueblo". No se mencionan aquí distinciones sobre
origen indígena.
En el programa de gobierno de Kast, se dice que "la polarización, el
debilitamiento institucional, el estancamiento económico producto de años de
reformas de corte socialista y los intrincados momentos que hemos atravesado,
como la violencia acaecida desde el 18 de octubre de 2019 y la pandemia del
covid-19, nos demostraron la fragilidad de fundamentos como la libertad, el
orden, el Estado de Derecho, la propiedad privada y la economía de libre
mercado, todos los anteriores cimientos en los que se sostuvieron décadas más
exitosas en la historia de Chile".
Critica a Chile Vamos por "hacer
propias las banderas de la nueva izquierda", detallan sus
"aproximaciones políticas necesarias más elementales, pero, a su vez, más
relevantes para enfrentar aquellos tres campos de batalla en los que confluye
la defensa de nuestros valores y principios: la libertad, el Estado de Derecho
y la familia".
Cita
esta frase atribuida a Milton Friedman: "Una
sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de
las dos". La frase original incluye un énfasis del que en el programa
carece:
"Una sociedad que antepone la igualdad, en el sentido de igualdad de
resultados, a la libertad, terminará sin igualdad ni libertad. El uso de la
fuerza para lograr la igualdad destruirá la libertad, y la fuerza, introducida
con buenos propósitos, terminará en manos de personas que la usan para promover
sus propios intereses".
Capítulo 5 del libro Libre para
elegir, de 1980
En
este programa, los republicanos se autodefinen como "nueva derecha". Explican es
"una opción política determinada a retomar la batalla cultural, ideológica
y programática para retomar el camino de la verdadera dignidad humana y el
desarrollo".
Diagnóstico de la
situación de Chile
Según el documento, la propuesta económica y social se divide en cinco
áreas: disminución del gasto público; reducción tributaria y regulatoria;
modernización del Estado; "aporte social sustancial a la sociedad
civil", y gasto social focalizado.
Gasto
público: en el documento se describe el alza del impuesto de primera categoría
hasta el 27% (aquel salto se terminó de concretar durante la actual
administración de Piñera). Asimismo, la candidatura asevera que "Chile
tiene la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE",
para lo cual cita el Corporate Tax
Statistics editado por la OCDE en 2020. Pero esa afirmación de la
candidatura no es lo que muestra la OCDE: para 2020, la
OCDE calcula que es Costa Rica -no Chile- el país que tiene el
mayor gravamen corporativo efectivo (y Japón también es más ato si se mira la
tasa efectiva marginal). En una página posterior (68) esa misma información es
modificada en el programa.
Entre los elementos mencionados para una "eliminación" se habla
del "gasto político y las pensiones a los falsos exonerados; fusionar
ministerios y subsecretarías y profesionalizar la administración pública para
eliminar todo tipo de clientelismo". Esas expresiones no aparecen
acompañadas de una definición clara sobre qué es, por ejemplo, el "gasto
político", qué se determina como un exonerado "falso", qué
fusiones ministeriales se estiman y cómo se identifica el "clientelismo".
Dado que no existen definiciones, tampoco hay estimaciones de un supuesto
ahorro en gasto fiscal.
Se
propone una modificación al Código del Trabajo para permitir "la libertad
de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y
privado". No obstante, el Código del Trabajo no aplica a los funcionarios
públicos (artículo 1).
En materia educacional, ofrece "educación online" que tendría un
menor costo. Y propone avanzar en la disminución de la duración de carreras universitarias.
Plantea modificar la ley de donaciones para que se "promueva la
solidaridad y la generosidad" asociadas a la filantropía.
Son 22 los ejes temáticos en los que se dividen las propuestas de gobierno.
Aunque en el documento de 204 páginas se enumeran 829 ideas, en el apartado de
sustentabilidad las propuestas 415 y 416 son literalmente las mismas: se
refieren a la aceleración del desarrollo y la implementación de la
"Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde". Otras repetidas son la 39 y
53, que establece el reemplazo del Sename por dos entidades nuevas.
Por lo tanto, en rigor son 827 las propuestas y enunciados del programa de
gobierno.
Sistema de pensiones
Siete de las 204 páginas del programa abordan el sistema de pensiones
propuesto por la candidatura de Kast. Toda la introducción apunta, en la
práctica, a una defensa del actual sistema de capitalización individual con
esquema subsidiario. Identifica que "la falta de empleo formal [es] el
mayor causante de las bajas pensiones, como consecuencia de la baja densidad de
cotizaciones y el menor ahorro que genera". Culpa al Estado por el
"descrédito ciudadano" en que ha caído el sistema de AFP.
Enfatiza
que la propiedad de los fondos previsionales son de los trabajadores y el
destino no puede ser otro que la pensión: "El Estado no puede expropiar
estos ahorros ni directa ni indirectamente, ni permitir que se desvíen al
consumo presente ni a ningún otro destino distinto del financiamiento de las
pensiones". Aunque en rigor lo que dice el programa de Kast es lo mismo
que decía la legislación original, los reiterados retiros
del 10% han modificado ese criterio.
En línea con las otras candidaturas presidenciales, Kast plantea también la
instauración de una "Pensión Básica Universal", que estaría
"financiada con recursos fiscales y no con impuesto al trabajo".
Beneficiaría a "todos los residentes" mayores de 65 años, pero no
define un monto. En esta medida no se revela ningún cálculo de costo fiscal ni
cuál sería la transitoriedad.
Plantea un aumento de la cotización desde 10% a 14%, "gradual"
(no indica su gradualidad), pero agrega que algunos de estos cambios deben
estar vinculados con un parámetro que genere modificaciones automáticas. Otro
elemento es que en el futuro subiría la edad mínima de jubilación de las
mujeres (hoy en 60%), hasta equiparar la de hombres (hoy en 65 años), pero solo
para las trabajadoras que recién estén entrando al mercado laboral.
Por la vía de separar las funciones que hoy cumplen las AFP de inversión y
de gestión operativa, en teoría se acabarían las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) con ese nombre. Darían paso a dos tipos de entidades nuevas,
siempre de giro único.
Incluye
propuestas como una hipoteca
revertida para que adultos mayores mejoren su pensión,
seguros colectivos por retiro programado; retiro de ahorros a quienes no tengan
más de cinco años cotizados (el programa no lo dice, pero de esa manera esas
personas en la práctica no tendrían una "pensión" autofinanciada y sí
un subsidio solidario).
En ahorro voluntario tipo APV, propone que se active por defecto al inicio
de la vida laboral, que tenga un bono $1 millón a recién nacidos del 20% más
vulnerable de la población, y que lo acumulado allí permita financiar el pie de
un crédito hipotecario.
Reducción de impuestos y crecimiento económico
Hay 44 ideas sobre crecimiento económico. Hay 37 de desarrollo económico.
La idea que recorre todo este segmento es la reducción de impuestos de todo
tipo. A juicio de la candidatura, esos recortes serán absorbidos por un menor
gasto fiscal, todo lo cual, asegura, llevará a que la tasa de inversión privada
se eleve desde 19% al 28% del PIB. "Gracias a esta alza, Chile crecerá a
tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona,
cruzando el umbral de desarrollo". Este segmento del programa de Kast no
incorpora detalle alguno sobre plazos ni gradualidad, y tampoco determina cómo
esos factores tributarios serían capaces de generar el impacto que prometen en
términos de crecimiento económico. No hay referencia alguna basada en supuestos
que se encuentren en la literatura.
Hay varios ejemplos de propuestas para bajar impuestos. Uno de ellos:
recortar el IVA desde 19% a 17%. No indica el efecto fiscal de esta medida, que
de por sí es considerable dado que se trata de uno de los gravámenes de mayor
recaudación.
Otro
ejemplo de alta magnitud: que el impuesto de primera categoría caiga de 27% a
17%. También dice que las reinversiones de utilidades no tributarán y que se
volverá a un sistema
tributario completamente integrado (hoy es semiintegrado
en esa categoría). Pese a su alto impacto, no dice nada
sobre todo este proceso de transformaciones ni revela tampoco los cálculos de
sus efectos fiscales.
Plantea transformar el impuesto de timbres y estampillas por uno aplicable
a los servicios financieros, y terminar con "todas las exenciones
tributarias especiales, con excepciones en pequeñas empresas".
Este ítem parte con la propuesta 184: "Eliminaremos todos aquellos
impuestos que afectan el patrimonio personal, cuya formación ya tributó, tales
como contribuciones, herencias y donaciones". No menciona ni gradualidad
ni focalización en estas propuestas, por lo que -así planteada- en la práctica
favorecería a los patrimonios más elevados.
Entre otras medidas, propone el establecimiento de un "impuesto
negativo a la renta" (aunque no lo dice, eso es lo mismo que un
subsidio) a quienes reciban entre el sueldo mínimo y el límite exento de
tributación (casi $680 mil); rebaja de "hasta $15.000 mensual" por
cada menor de 18 años a cargo del contribuyente; y modificar la norma de
gratificaciones para que los empleados reciban el 2% de las utilidades de las
empresas (no hay detalles normativos).
Asimismo, se plantea incorporar un "capitalismo popular" en las
empresas públicas como Codelco, Enap, Enami, Ferrocarriles del Estado y TVN,
pero tampoco hay delimitación de alcances jurídicos y financieros sobre esa
idea.
Propone también eliminar más aranceles a la importación y subsidio a las
cotizaciones para incentivar el subsidio juvenil.
En
materia laboral, plantea que todos los contratos de trabajo sean "con
indemnización por años de servicio a todo evento". Hoy, esa indemnización
suele aplicarse solo en caso de despido, pero ya existe esa
opción para trabajadores con más de seis años de relación
laboral.
Administración pública
En el documento se propone fusionar la Unidad de Análisis Financiero (UAF),
el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno y el Consejo para la Transparencia
para crear una entidad que evalúe en forma preventiva eventuales conductas de
corrupción o delitos de lavado de activos y similares. Monitorearía el sector
público -incluido el Poder Judicial- y "los privados". En ese
sentido, plantea que todos los funcionarios públicos efectúen una declaración
de patrimonio e intereses, no solo aquellos de mayor grado.
En
otras proposiciones, se incluye la reforma a la Contraloría
para que su dirección sea colegiada y no unipersonal; que
empresas proveedoras del Estado declaren cuáles son sus beneficiarios
finales; e incluir a partidos políticos y ONG dentro del marco
regulatorio de un nuevo modelo de prevención del delito, y una política de
transparencia sobre parentescos en el Poder Judicial y nombramientos
notariales.
Ofrece
disminuir el sueldo del Presidente en 50%. En septiembre el Jefe de Estado
percibió una remuneración
bruta mensualizada de $11,1 millones.
Plantea
también la creación de un "Alto Consejo de Estado", integrado por
mayores de 70 años que hayan servido como ministros de Corte Suprema, Tribunal
Constitucional o contralor general de la República. Su función será "velar
por la debida conducta parlamentaria", revisión "preventiva" de
constitucionalidad y "sancionará" a los presidentes de las comisiones
parlamentarias que no respeten las urgencias dispuestas por el Ejecutivo. Todo
esto se establece en el contexto de un sistema presidencial, aunque ese régimen
político será discutido y redactado en la propuesta de nueva Constitución que
prepara la Convención Constitucional.
Plantea, entre otros puntos, la reducción del gabinete, desde 24 a 12
ministerios. En ese diseño se mantendrían seis carteras (Defensa, Justicia,
Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Salud) y fusionaría el resto. En
otro segmento dice, por lo mismo, que "implica el término del Ministerio
de la Mujer". Estas reformas incluirían, según este documento, el despido
de al menos el 10% de los funcionarios públicos "que han sido asignados
solo por motivaciones políticas o vínculos familiares".
En esta materia, propone reducir la Cámara de Diputados desde 155 a 100
miembros, y el Senado desde 50 (cuando se complete el actual ciclo electoral) a
29. Para ello expone que debe cambiar el sistema electoral desde uno
proporcional, como el de ahora, a uno mayoritario (donde solo se elija un
representante por distrito).
Seguridad y orden público
José Antonio Kast destina 10 de sus 204 páginas en forma específica al ítem
de seguridad.
La primera de las promesas que se menciona es "quitar las rejas de las
casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles. Son los
delincuentes los que tienen que vivir encerrados y no los chilenos honestos que
hoy viven con miedo y desesperanza". Si se toma en forma literal, esta
propuesta equivaldría a que el Estado extraiga parte de la propiedad privada de
las personas ("rejas de las casas"), pero como en realidad es sentido
figurado, no es en rigor ninguna "propuesta".
En general, otros enunciados son de corte similar. Un ejemplo: promete
aplicar "todo el rigor de la ley" si policías, bomberos, gendarmes o
funcionarios de la salud son agredidos "física o verbalmente", para
lo cual promete que todo responsable será "juzgado y condenado". Pero
más allá de una declaración de intenciones, es el Poder Judicial -un poder
independiente en el Estado- el que puede comprometer algo así, no el Ejecutivo.
Plantea, entre otros asuntos, la intervención de las Fuerzas Armadas en La
Araucanía, financiar la defensa jurídica cualquier carabinero que "sea
detenido injustamente por cumplir su deber", la implementación de un test
de drogas para todos los cargos de elección popular, crear un "Comité de
Seguridad Nacional" que reemplace el Comité Político de La Moneda, penas
más elevadas contra "asesinatos robos y ataques", sanciones más altas
contra el vandalismo, combatir la "narco-pirotecnia", nueva fuerza
policial contra el crimen organizado, y crear una "Defensoría de las
Víctimas" (similar en recursos a la Defensoría Procesal Penal).
En particular, el programa propone modificar los protocolos de uso de la
fuerza de las policías y FF. AA., "de modo de no ser juzgados por haber
hecho un uso excesivo de ella, judicial o administrativamente". Esta idea
implica correr los límites de responsabilidad penal actual de las fuerzas de
orden.
En cuanto al Ministerio Público, propone revisar las atribuciones de los
jueces de garantía y sugiere sancionar a los superiores jerárquicos de fiscales
cuyas causas se "filtren".
Pide
revisar el mecanismo de nombramiento de jueces y fiscales a todo nivel,
mediante la creación de una institucionalidad similar al sistema de Alta
Dirección Pública. Y envía un mensaje en particular a la Corte Suprema, al
indicar que "la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder
Judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible". Esta
crítica responde a acusaciones a que en particular la Tercera
Sala Constitucional de la Suprema ha dictado fallos con impacto en políticas
públicas.
Propone
la "clausura" del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Habría una
institución reemplazante que busque los mismos objetivos, solo que añade que
defienda también a "organismos intermedios, personas naturales y
funcionarios estatales". No obstante, la legislación internacional de derechos
humanos distingue que su eventual violación corresponde
usualmente a una responsabilidad estatal.
En
la misma propuesta incluye la derogación de la Ley de
Exonerados Políticos y el fin de los
beneficios compensatorios a las víctimas de "violaciones a los derechos
humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en
el pasado". Es decir, desestima la evidencia de que hubo violaciones
sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura.
Una
mención llamativa es la creación de una "Coordinación Internacional
Anti-Radicales de Izquierda", que apuntaría a una colaboración -no
precisada desde el punto de vista legal- "con otros gobiernos
latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores
radicalizados". No delimita qué entiende exactamente por radicalizados.
Desde el punto de vista de politólogos como Cristóbal Rovira, en todo
caso, el propio
partido de Kast es del tipo de "derecha populista radical".
Entre
los elementos más controversiales está aquel que le permitiría a un Presidente
ordenar arrestos y disponer de lugares de detención distintos de aquellos que
la ley permite. Lo dice el programa de Kast en la disposición relativa a
atribuciones del estado de
excepción constitucional de emergencia, en que
propone que el Jefe de Estado tenga la facultad de "interceptar, abrir o
registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas
en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a
la detención", para lo cual se otorgarían a las FF. AA. y Carabineros
"todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden
público". Este estado de emergencia "no deberá durar más de
cinco días"; solo sus eventuales prórrogas quedarían sujetas a la aprobación
del Congreso.
Esta
propuesta del candidato Kast guarda similitudes con la vigesimocuarta
disposición transitoria original
de la Constitución de 1980 -durante la
dictadura-, que en su letra a planteaba la opción de "arrestar a
personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o en lugares
que no sean cárceles".
Entre otras iniciativas del programa, Kast habla de declarar las barras
bravas del fútbol como "organizaciones ilícitas", tipificar las
"funas" como delitos, y aumentar la protección legal en casos de
"autodefensa".
Otras materias
El tema que más tiene propuestas es sobre medioambiente, con 138. Entre
ellas, "alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental,
cubierto por áreas silvestre protegidas, y un 10% del territorio marítimo
costero continental cubierto por áreas marinas protegidas".
Le sigue agricultura con 60, y barrio y comunidad, con 59. En la idea
número 669 plantea el "fin a los campamentos", donde se
responsabiliza de la situación actual a "la inmigración ilegal desatada y
el enorme impacto de la pandemia".
Son 58 las propuestas para el ítem de
accesibilidad, y 46 en cultura, donde se menciona a Televisión Nacional de
Chile: "TVN será privatizada vía venta directa o a través de un
sistema de capitalismo popular en que el Estado haga socios accionarios a todos
los ciudadanos del país, pago de dividendos mediante", proyectan.
Son 43 los proyectos relacionados con salud, 41 de sustentabilidad y 36 de
erradicación de la corrupción. En el ítem sobre familia hay 29 ideas, entre las
cuales está el compromiso por "derogar la ley que posibilita el aborto y
reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de
conciencia".
Hay
un apartado especial que habla de la violencia en La Araucanía y la Provincia de Arauco, con 27
ideas. En este tema se propone revisar la Ley Indígena. Propone
volver a la definición de "indígena", "denunciar el Convenio 169
de la OIT", impulsar la utilización de "agentes encubiertos, entregas
vigiladas y de testigos protegidos" y en casos de alta connotación pública
obligar a "optar por tribunales alejados geográficamente de la zona de
conflicto".
Además, plantea
reformar la Ley Antiterrorista, que la Agencia
Nacional de Inteligencia sea integrada por especialistas de "las tres
ramas de la FF. AA., de Carabineros y la PDI", y en paralelo crear un
"Fondo de Reparación de las Víctimas de la Violencia".
A todo lo anterior se suman 24 propuestas sobre educación, 22 de
emprendimiento, 19 sobre defensa nacional, 18 de regionalización, 13 en
política exterior y 12 sobre paz social.
Hay
10 planteamientos sobre inmigración, ítem que pone fin
al documento. Allí se propone "crear una unidad especializada de la
Policía de Investigaciones que replique el modelo de la unidad de Immigration and Customs Enforcement (ICE) de
Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes
ilegales".
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