Abren el proceso para juzgar a
Dilma
Acorralado, el jefe de Diputados
dio curso al impeachment
RÍO DE JANEIRO.- La crisis política
en Brasil llegó ayer a su punto de ebullición.
Arrinconado ante la posibilidad de
perder su cargo por denuncias de corrupción en el escándalo de sobornos de
Petrobras, el polémico presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha,
sorprendió al aceptar uno de los pedidos de impeachment contra la presidenta
Dilma Rousseff, que ahora deberá juntar todo el apoyo político posible para
mantenerse en el poder.
"Recibí con indignación la
decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato
democráticamente conferido por el pueblo brasileño", reaccionó con rapidez
Dilma en un mensaje televisivo desde el Palacio del Planalto anoche, nueve
meses después de haber sido reelegida.
"Tengo la convicción y la
absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de este pedido, así
como de su justo archivo", resaltó junto a la cúpula de su gobierno, cuya
gestión es aprobada por sólo el 10% de la población.
En medio de una aguda recesión, una
inflación de casi 10% y una tasa de desempleo que roza el 9%, la presidenta
tendrá ahora que esforzarse por superar los obstáculos que se le presentan en
un proceso de juicio político.
Primero, la Cámara de Diputados
creará una comisión especial para evaluar la decisión de Cunha y, en un plazo
de 15 sesiones parlamentarias, deberá someter su parecer al plenario de la
Cámara, formada por 513 legisladores. Serán entonces necesarios dos tercios del
total, o sea 342 votos, para que se inicie el proceso de impeachement.
De ser aprobado -escenario que no
ocurre desde 1992, cuando Fernando Collor de Mello enfrentó un impeachment y
renunció antes de ser condenado-, la presidenta sería apartada de manera
provisoria de sus funciones durante un plazo máximo de 180 días. Asumiría el
poder interinamente el vicepresidente, Michel Temer, que al igual que Cunha
pertenece al principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT),
el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero hasta ahora se ha
mostrado leal a la mandataria.
El Senado será el encargado de
juzgar a Dilma en una sesión plenaria encabezada por el presidente de la Corte
Suprema. Nuevamente serían necesarios dos tercios de los votos (54 del total de
81 senadores) para destituir inmediatamente a la presidenta, que además
quedaría impedida de ejercer otro cargo público electivo por ocho años.
Cunha, un calculador político
evangélico y conservador, basó su decisión en una solicitud de impeachment
presentado por dos respetados juristas: Helio Bicudo, uno de los fundadores del
PT, y Miguel Reale Jr., ex ministro de Justicia durante el gobierno del
socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
Según este pedido, Dilma habría
incurrido en un "delito de responsabilidad fiscal" tanto el año
pasado como éste por demorar la transferencia de fondos a bancos públicos con
los que se debían pagar programas sociales; de esta manera, aducen, el gobierno
buscaba maquillar el déficit fiscal. Las entidades bancarias debieron
desembolsar el dinero de sus propias arcas, lo que en la práctica constituiría
un préstamo al Tesoro, que requería autorización del Congreso.
"Son inconsistentes e
improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto
ilícito practicado por mí. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de
dinero público, no tengo cuentas públicas en el exterior ni oculté al
conocimiento público la existencia de bienes personales", retrucó Dilma en
su mensaje, en clara referencia a las denuncias que pesan sobre el presidente
de la Cámara de Diputados.
Efectivamente, Cunha ha sido
acusado por la Procuraduría de la República de haber ocultado cinco millones de
dólares en cuentas suizas presuntamente provenientes de coimas recibidas dentro
del esquema de corrupción que imperó en Petrobras, pagadas por constructoras
que querían garantizarse contratos con la petrolera estatal. Como se negó a
renunciar a su cargo, Cunha estaba siendo sometido a un proceso por parte del
Consejo de Ética de la Cámara baja.
En los últimos días, los tres
miembros petistas de ese comité fueron blanco de intensas presiones por parte
de Cunha. El presidente de la Cámara llegó incluso a advertirle al
vicepresidente Temer que daría curso a uno de los tantos pedidos de impeachment
en su escritorio si el gobierno no le aseguraba el apoyo de los petistas integrantes
del Consejo de Ética.
El Palacio del Planalto, apoyado
por el padrino político de Dilma, Luiz Inacio Lula da Silva, intentó convencer
a los diputados de salvar a Cunha para librar a la presidenta de un desgastante
proceso de impeachment, pero la cúpula del PT se opuso para no seguir dañando
la imagen del partido ante un chantaje así. Sobre todo luego de que la semana
pasada fue detenido el líder de la bancada oficialista en el Senado, el petista
Delcidio Amaral, acusado de intentar obstruir las investigaciones judiciales en
torno al escándalo del petrolão. Al borde del precipicio, Cunha jugó su
carta más poderosa.
La sorpresiva decisión de Cunha
recibió el respaldo de la oposición, encabezada por el Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), que había sido uno de los principales impulsores
del impeachment y de las masivas marchas callejeras en todo el país contra la
presidenta.
"El presidente de la Cámara de
Diputados tomó la decisión que le cabía, ajustada a la Constitución. En este
momento, existe un sentimiento de prudencia para que este proceso pueda tener
el trámite adecuado y que la propia presidenta pueda tener oportunidad de
presentar sus justificativas", apuntó el senador Aécio Neves, líder del
PSDB y ex rival de Dilma en las elecciones del año pasado.
Irónicamente, el anuncio de Cunha
fue realizado luego de que ayer el Congreso aceptó modificar la meta fiscal de
este año, que cambió el superávit previsto por un déficit, para que el gobierno
no debiera incurrir en más maniobras fiscales irregulares o se viera obligado a
soportar un "apagón" de la maquinaria pública por no contar ya con
fondos aprobados para pagar cuentas de electricidad, agua y teléfono.
Cómo maquillar las cuentas fiscales
Las pedaleadas
Las "pedaleadas fiscales"
por las que se acusa a Dilma eran prácticas del Tesoro brasileño que consistían
en mejorar artificialmente el estado de las cuentas públicas mediante el
retraso de la transferencia de fondos para beneficios sociales y subsidios
Falso equilibrio
El resultado eran cuentas
maquilladas y equilibradas que exhibían menos gastos de los reales. En los
hechos no se demoraron los pagos de los servicios sociales, sino que fueron
cubiertos por los bancos públicos, que luego le cobraron intereses al gobierno
Fuera de la ley
Tales maniobras configuraron, según
la acusación contra Dilma, operaciones de financiamiento o préstamos de los
bancos públicos al gobierno, lo cual está prohibido por la ley de
responsabilidad fiscal
http://www.lanacion.com.ar/1850883-brasil-en-ebullicion-abren-el-proceso-de-impeachment-contra-dilma
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