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sábado, 18 de julio de 2015

Corrupción brasileña.

Grave fractura en la alianza de gobierno del PT en Brasil

El presidente de Diputados se pasó a la oposición y dijo que buscará la ruptura total de su partido. Es el PMDB, el mayor socio del PT y al cual también pertenece el vice de Dilma.
Mientras Dilma Rousseff se encontraba ayer con sus colegas del Mercosur en la cumbre del bloque en esta capital, el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha desataba una nueva y grave fase de la crisis institucional que conmociona a Brasil. Por la mañana anunció su ruptura con el gobierno federal y contra Dilma Rousseff, pese a que su partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) es el socio principal del PT en la coalición oficialista. El legislador advirtió: “Desde ahora paso a ser oposición” y anunció que gestionará la ruptura total de su partido con el gobierno. El comité de dirección de la agrupación política se apresuró a soltarle la mano: en un comunicado aclaró que esa era “una decisión personal” del parlamentario y no involucraba al partido como tal.
El episodio, sin embargo, marca el comienzo de un período de convulsiones más intensas y con consecuencias imprevisibles. Cunha, sobre quien pesa la denuncia de corrupción por coimas de 5 millones de dólares cobrados a la empresa Toyo Setal a cambio de favorecerla en contratos con Petrobras, decidió dar un paso más para demostrarle al Palacio del Planalto (sede gubernamental) que su pase al otro bando puede tener efectos venenosos para la presidenta brasileña. Ayer mismo por la noche resolvió autorizar la inmediata creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación que deberá analizar los préstamos concedidos por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a constructoras brasileñas para la realización de obras en el exterior.
El objetivo es detectar si hubo “tráfico de influencias” durante los dos gobiernos del ex presidente Inacio Lula da Silva y el primer mandato de Dilma.
El legislador, que acumuló fuerzas a partir de manejar con beneficios y prebendas a la mitad de la Cámara Baja, mostró sus instintos de venganza contra Dilma y su gobierno, a quién adjudica la responsabilidad por las sospechas de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita que ahora pesan sobre él.
Esta comisión de investigación del BNDES es un proyecto que fue motorizado por el opositor Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) que lideran el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el ex candidato presidencial derrotado en las presidenciales de octubre pasado Aécio Neves y el gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin. Un par de semanas atrás, los “tucanes” –como se llama a la militancia socialdemócrata– aspiraban a derribar a Rousseff por la vía del juicio político; aunque no descartaban otras alternativas judiciales.
Cunha acusa al Palacio del Planalto de haberse confabulado con el procurador general de la república Rodrigo Janot para incriminarlo como “beneficiario”
del esquema de coimas de Petrobras. Ayer, el empresario Julio Camargo, que trabajaba como consultor de la firma Toyo Setal, denunció ante la justicia federal que el congresista había pedido una coima personal por el valor denuncia de cinco millones de dólares. El plan de Cunha para apretar al gobierno de Rousseff es que se instale la comisión parlamentaria de investigación de las operaciones del BNDES a partir del 1º de agosto. El diputado supone que allí se podrían ventilar créditos otorgados por la institución oficial a empresas brasileñas en forma cuanto menos “discrecional”. Con el trasfondo de la amplitud del escándalo por la corrupción en Petrobras, lo de Cunha es una bomba de relojería.
Ayer, Dilma Rousseff transparentó, en la cumbre del Mercosur, su alarma por el nuevo vuelco de la situación política interna brasileña. Dijo: “No hay más espacio para las aventuras antidemocráticas en nuestra región, que sufrió mucho con las dictaduras y hoy somos una zona donde la democracia florece. La realización periódica y regular de elecciones demuestra la capacidad política para lidiar con las diferencias”.
El desafío es que el escándalo de corrupción está golpeando a toda la partidocracia brasileña, incluyendo al PT. El gobierno, al menos, no ha hecho nada para impedir el accionar de los jueces y la policía.
Mientras tanto, y en simultáneo, el Palacio del Planalto divulgaba una nota oficial donde conminó al presidente de Diputados a no tomar decisiones “distantes de la imparcialidad” que exige su cargo. En la nota, destacó que el político del PMDB tomó su decisión de ruptura en “forma estrictamente personal” y señaló que “el gobierno aguarda que esa posición no se refleje en acciones pautadas por la parcialidad”. Indicó, también, que el país “tiene una institucionalidad fuerte. Los poderes deben convivir en armonía y de conformidad al Estado de Derecho”.

Eleonora Gosman | Corresponsal de Clarín en San Pablo